Durante estos últimos días estamos asistiendo a un exceso de informaciones en prensa, radio y televisión que tienen como escenario la puerta de algún juzgado y la asistencia de políticos con diversas responsabilidades públicas. Tan sólo hay que echar un vistazo a los titulares de los periódicos, a los boletines informativos de las emisoras de radio o a las imágenes de los telediarios para observar a alcaldes, concejales, secretarios municipales y personal relacionado con la administración entrando o saliendo de la puerta de algún juzgado. En algunos casos por su propio pie y en otros precedidos por la guardia civil.
Resulta más inquietante observar como la mayoría de estas informaciones tienen que ver con la Región de Murcia. A las continuas revelaciones que se van publicando sobre la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Totana y que han supuesto la detención y puesta en prisión provisional de su actual alcalde, el Sr. D. José Martínez Andreo, “exmilitante” del Partido Popular, van apareciendo revelaciones sobre la supuesta compra de votos en el municipio de Fortuna por parte del actual alcalde popular Sr. Matías Carrillo. Casos que no hacen más que aumentar la larga lista de procesos judiciales abiertos entorno al ladrillo que tienen en el punto de mira a diversos cargos públicos relacionados con el Partido Popular.
Sin entrar en visiones partidistas, aunque resulta curioso que el mapa de la corrupción en la Región de Murcia esté copado por personas afines al PP. Como ciudadano libre y comprometido con la sociedad, estas situaciones provocan desconfianza en nuestros representantes públicos.
“El mayor daño que se le puede hacer a la democracia es la corrupción” declaraba hace unos días la Vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega. La verdad que es rechazable por parte de todos los ciudadanos a aquellos que se aprovechan de su cargo público para conseguir un enriquecimiento personal. A la vez que resulta hipócrita ver como aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar lo público se valen de sus funciones para satisfacerse a si mismo o a unos pocos. No existe peor forma de entender la gestión pública.
Por ello creo necesario que todos los partidos políticos deben establecer los cauces necesarios para expulsar de su partido a todos aquellos que aprovechan su situación para beneficiarse a si mismos o a sus amigos. Dicho esto, es curioso observar como el Partido Popular de la Región de Murcia se ha limitado a dar de baja de la militancia,- que no expulsión del partido-, a los Sr. Martínez Andreo, alcalde de Totana, y al Sr. Morales, Diputado Regional del Grupo Parlamentario Popular.
Y ante esto ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Simplemente confiar en la justicia y que aquellos que hayan cometido algún delito lo paguen debidamente en base al Estado de Derecho.
Resulta más inquietante observar como la mayoría de estas informaciones tienen que ver con la Región de Murcia. A las continuas revelaciones que se van publicando sobre la presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Totana y que han supuesto la detención y puesta en prisión provisional de su actual alcalde, el Sr. D. José Martínez Andreo, “exmilitante” del Partido Popular, van apareciendo revelaciones sobre la supuesta compra de votos en el municipio de Fortuna por parte del actual alcalde popular Sr. Matías Carrillo. Casos que no hacen más que aumentar la larga lista de procesos judiciales abiertos entorno al ladrillo que tienen en el punto de mira a diversos cargos públicos relacionados con el Partido Popular.
Sin entrar en visiones partidistas, aunque resulta curioso que el mapa de la corrupción en la Región de Murcia esté copado por personas afines al PP. Como ciudadano libre y comprometido con la sociedad, estas situaciones provocan desconfianza en nuestros representantes públicos.
“El mayor daño que se le puede hacer a la democracia es la corrupción” declaraba hace unos días la Vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega. La verdad que es rechazable por parte de todos los ciudadanos a aquellos que se aprovechan de su cargo público para conseguir un enriquecimiento personal. A la vez que resulta hipócrita ver como aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar lo público se valen de sus funciones para satisfacerse a si mismo o a unos pocos. No existe peor forma de entender la gestión pública.
Por ello creo necesario que todos los partidos políticos deben establecer los cauces necesarios para expulsar de su partido a todos aquellos que aprovechan su situación para beneficiarse a si mismos o a sus amigos. Dicho esto, es curioso observar como el Partido Popular de la Región de Murcia se ha limitado a dar de baja de la militancia,- que no expulsión del partido-, a los Sr. Martínez Andreo, alcalde de Totana, y al Sr. Morales, Diputado Regional del Grupo Parlamentario Popular.
Y ante esto ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie? Simplemente confiar en la justicia y que aquellos que hayan cometido algún delito lo paguen debidamente en base al Estado de Derecho.
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